En medio del proceso judicial que enfrenta ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, el político boyacense Ciro Alejandro Ramírez Cortés ha emitido un comunicado en el que reitera su inocencia y expone su versión de los hechos.
Desde la cárcel La Picota de Bogotá, donde se encuentra privado de su libertad, Ramírez Cortés ha hecho pública su posición en torno a las acusaciones en su contra. A continuación, se presentan algunos puntos destacados de su comunicado:
Ramírez Cortés niega categóricamente haber solicitado dinero, prebendas o contratos a entidades públicas durante su carrera política, que ha sido transparente y enfocada en el servicio público.
Señala que las pruebas testimoniales practicadas por el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda no lo incriminan en los delitos que se le imputan, y destaca que el convenio por el cual se le acusa no se ejecutó en su gestión.
Aclara que no conoce los municipios ni a los alcaldes mencionados en el convenio objeto de la acusación, y que su relación con el testigo principal del caso, Pablo Herrera, fue meramente circunstancial.
Refiere que Herrera le pidió ayuda para denunciar acoso sexual en el centro penitenciario donde se encontraba recluido, y que la visita se llevó a cabo por canales institucionales y con la coordinación de los responsables del establecimiento carcelario.
Argumenta que los contratistas mencionados por Herrera como supuestos dadores de dinero niegan haber entregado algún pago, y que la Fiscalía General de la Nación ha descartado pruebas contundentes al respecto.
Finalmente, Ramírez Cortés critica la actuación del magistrado Rueda por hacer caso omiso de pruebas que exculparían su responsabilidad en el caso, señalando que hay elementos que evidencian la gestión del convenio por parte de otras personas.
Este comunicado emitido por Ciro Ramírez Cortés evidencia su determinación en defender su inocencia y refutar las acusaciones en su contra, mientras continúa el proceso judicial que definirá su situación legal.
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