El Tribunal Administrativo de Boyacá ha declarado la invalidez de los acuerdos municipales sobre presupuestos en los municipios de Socha, Iza, Busbanzá, Chiscas, Turmequé y Moniquirá. La decisión se basó en la omisión de la incorporación de fondos especiales y la falta de descripción de programas y subprogramas en los presupuestos.
El Departamento de Boyacá impugnó la validez de los acuerdos expedidos por los Concejos Municipales de las mencionadas localidades, argumentando que estos violaban normas constitucionales y legales al no incluir en los presupuestos el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET), el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI) y el Fondo de Gestión del Riesgo. Además, en varios casos, los presupuestos de gastos de inversión carecían de la necesaria descripción de programas y subprogramas.
El Tribunal, tras analizar cada caso y las pruebas presentadas, accedió a las demandas y declaró inválidos los actos administrativos cuestionados. La corporación judicial enfatizó la importancia de detallar en los presupuestos la forma de apropiación de las rentas y gastos, en línea con los principios constitucionales y legales.
En su resolución, el Tribunal señaló: “No obstante, analizado el Acuerdo no se advierte que el Anexo al que se alude sea parte integral de este, pues en su contenido no se precisó la existencia de este documento. Luego, tampoco está la indicación de que es parte integral del Acuerdo, debido a su inexistencia al momento de la deliberación en la Corporación municipal, pues de ello no quedó constancia en el Acuerdo”.
En algunos casos, los municipios y sus concejos presentaron documentos que desglosaban los sectores con sus respectivas subcuentas. Sin embargo, al revisar los acuerdos, se observó que dichos anexos no se mencionaban ni se integraban formalmente en los documentos aprobados, lo que impidió que se consideraran parte del presupuesto en el momento de la deliberación.
El Tribunal concluyó que tanto en los presupuestos de rentas como de gastos, no se incluyeron el FONSET, el FSRI, ni el Fondo de Gestión del Riesgo como categorías independientes y autónomas, tal como lo exige la ley para los fondos especiales en los presupuestos municipales. Por lo tanto, los cargos de ilegalidad prosperaron debido a esta omisión.
Asimismo, el segundo cargo, relativo a la falta de descripción de programas y subprogramas en los presupuestos de gastos de inversión, también fue aceptado. En respuesta a las demandas, se indicó que los presupuestos fueron desglosados durante los debates en la plenaria de la corporación, pero no se presentó evidencia de ello en los acuerdos finales.
La decisión del Tribunal sienta un precedente importante para la gestión presupuestal en Boyacá, subrayando la necesidad de cumplir rigurosamente con las normativas vigentes para garantizar la transparencia y legalidad en la administración de los recursos públicos.
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