La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar contra funcionarios aún por identificar de la Alcaldía Municipal de Tunja, Boyacá, debido a posibles manejos irregulares en la concesión del servicio de grúas y el funcionamiento del patio de vehículos inmovilizados conocido como La Nueva María. La investigación se centra en un contrato celebrado por el municipio para proporcionar grúas de apoyo a los agentes de tránsito en la ciudad.
Según la denuncia recibida por el Ministerio Público, los accionistas de Gruascol S.A.S., empresa prestadora del servicio de grúas, serían el esposo, la hija y el yerno de una funcionaria que se desempeña como coordinadora de los agentes de tránsito en Tunja. Se sospecha que esta funcionaria podría haber influido en la adjudicación del contrato a dicha empresa.
Además, la denuncia señala que el patio La Nueva María, aparentemente operando sin la debida autorización municipal, es propiedad de dos agentes de tránsito relacionados familiarmente con la coordinadora mencionada. Esta situación habría llevado a un aumento en la inmovilización de vehículos en la ciudad, beneficiando económicamente al negocio familiar.
La Procuraduría ha solicitado varios documentos como parte de su investigación, incluyendo los contratos suscritos por la alcaldía con Gruascol S.A.S. y la empresa que administra el patio La Nueva María, así como los certificados de existencia y representación legal de ambas empresas.
Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio por parte del Ministerio Público para garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos en Tunja. La Procuraduría continuará investigando para determinar la veracidad de las denuncias y, de ser necesario, tomar las medidas disciplinarias correspondientes contra los responsables.