Solo una parte de las víctimas afectadas por la estafa millonaria perpetrada por Pablo Santiago Verdugo, exconcejal de Duitama y representante legal de Construcol SAS, recibirán una reparación económica. De acuerdo con Víctor Jaimes, abogado de las víctimas, únicamente 350 personas de Boyacá, que presentaron sus reclamaciones dentro de los primeros diez días del proceso de intervención, serán beneficiadas con la devolución parcial de sus recursos.
Este caso, que involucra una gran estafa a través de la venta de proyectos inmobiliarios inexistentes, ha dejado a cientos de familias en una situación crítica. A pesar de la magnitud del fraude, los fondos disponibles para la reparación de las víctimas son limitados, ya que los recursos captados ilegalmente por Santiago Verdugo no fueron reintegrados. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) logró congelar algunos activos de la firma Construcol SAS durante la intervención iniciada el 15 de agosto de 2022, pero estos recursos son insuficientes para cubrir todas las reclamaciones.
El abogado Jaimes explicó que el proceso de selección para la distribución de los fondos se basó en el orden de presentación de las reclamaciones durante el proceso de intervención administrativa. “Las personas que en los 10 primeros días se presentaron a la intervención son las que se les va a distribuir los dineros que se recuperó en ese proceso,” señaló Jaimes.
Este 2 de septiembre, se llevará a cabo la audiencia de acusación contra los representantes de Avitar Constructora e Inmobiliaria SAS y Smart Terra SAS, quienes también están implicados en este escándalo financiero. Por su parte, el juicio oral contra Pablo Andrés Santiago Verdugo está programado para el 22 de octubre de 2024. Se prevé que Santiago Verdugo enfrente una condena de aproximadamente 20 años de prisión por su participación en la estafa y el no reintegro de los recursos captados de manera ilícita.
A pesar de los esfuerzos legales, la mayoría de las víctimas quedarán sin una reparación económica completa, lo que refleja la complejidad y las limitaciones del sistema judicial y financiero en casos de estafa a gran escala.