La Procuraduría General de la Nación ha sancionado con destitución e inhabilitación general por 13 años al concejal de Piedecuesta, Santander, Octavio Cárdenas Almeida, tras comprobarse que abusó de su autoridad durante un procedimiento policial en el contexto de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19.
Los hechos que llevaron a esta decisión ocurrieron entre el 26 y 27 de junio de 2021, cuando Cárdenas Almeida fue conducido a una estación de policía tras protagonizar una riña en un establecimiento público, incumpliendo las normativas vigentes por la pandemia. El cabildante, en un estado de exaltación, intentó aprovechar su cargo público para intimidar a los uniformados y evitar sanciones.
La Procuraduría confirmó que durante el procedimiento, Cárdenas Almeida utilizó su posición como servidor público para amenazar a los policías, exigiendo su liberación y evitando que le fueran impuestos comparendos. En medio de su alteración, el concejal pronunció la conocida frase: “¿Usted no sabe quién soy yo?”, con el fin de obtener trato preferencial y evadir su responsabilidad por violar las medidas de bioseguridad.
Además, el organismo de control determinó que el concejal gritó reiteradamente exigiendo la presencia del personero municipal y acusando a los policías de vulnerar sus derechos, llegando incluso a amenazarlos con traslados si no accedían a sus demandas.
Sanción por conducta gravísima
En su fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga calificó la conducta de Cárdenas Almeida como «gravísima a título de dolo», al considerar que el concejal actuó de manera consciente y deliberada para obtener beneficios personales mediante el abuso de su cargo público. La sanción impuesta incluye su destitución inmediata e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 13 años.
Este caso pone en evidencia las consecuencias del mal uso de la autoridad y los privilegios del cargo, en un momento en el que el país enfrentaba estrictas medidas para controlar la propagación del COVID-19. La Procuraduría reiteró su compromiso con la defensa de la legalidad y el respeto a las normas, especialmente por parte de quienes ejercen funciones públicas.
La sanción contra Cárdenas Almeida ha generado reacciones en el ámbito local y nacional, destacándose como un ejemplo de las acciones que el ente de control está dispuesto a tomar para sancionar a quienes abusen de su poder en detrimento de la ciudadanía y del orden público.
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