La Procuraduría General de la Nación ha encendido las alarmas sobre el lento avance en la implementación del catastro multipropósito en Colombia, un proyecto clave para la formalización de tierras y la planificación del desarrollo territorial en el país. Según el Ministerio Público, el Gobierno Nacional, que prometió alcanzar un 70% de cobertura catastral para finales del cuatrienio, apenas ha logrado actualizar un 20% del territorio proyectado, lo que genera serias dudas sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos.
A través de un informe publicado tras varias mesas de trabajo con funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Procuraduría dejó en claro que, de las 29.7 millones de hectáreas que debían actualizarse a finales de 2024, solo se alcanzará la cifra de 7.5 millones, lo que equivale a un escaso 25% de la meta anual. Esta baja ejecución pone en peligro las proyecciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que contempla la actualización de 80 millones de hectáreas para 2026.
Un proyecto atrasado
El catastro multipropósito es una de las herramientas más importantes para la formalización de la propiedad rural, la mejora de la seguridad jurídica y la creación de políticas públicas basadas en datos confiables. Sin embargo, el atraso en la actualización catastral está afectando directamente el desarrollo de diversas políticas relacionadas con la distribución de tierras, la legalización de predios y la planificación territorial.
“Este es un tema crucial para el país. La actualización catastral no solo tiene implicaciones para la formalización de tierras, sino que también es fundamental para la construcción de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y la toma de decisiones que impulsen el desarrollo del país”, señaló la Procuraduría en su informe.
En su Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional fijó la meta de tener actualizado el 70% del territorio colombiano —un total de 80 millones de hectáreas— para finales del cuatrienio 2022-2026, cubriendo 660 municipios. Sin embargo, el avance ha sido considerablemente lento, lo que genera preocupación sobre la viabilidad de alcanzar esta meta en el plazo establecido.
Obstáculos críticos para la implementación
La Procuraduría identificó varios factores que han contribuido a este estancamiento, entre los cuales destaca la falta de expedición de los decretos necesarios para intervenir los territorios colectivos de pueblos étnicos, indígenas, afrocolombianos y raizales. Estos territorios representan alrededor de 15 millones de hectáreas en el país y son esenciales para el avance del catastro.
“Es urgente que se expidan los actos administrativos que permitan iniciar las labores catastrales en los territorios colectivos, de modo que no sigan siendo excluidos de este proceso fundamental para el desarrollo y la formalización de tierras”, señaló la Procuraduría en su pronunciamiento.
El retraso en la expedición de estos decretos ha dejado a millones de hectáreas sin la posibilidad de ser incluidas en el catastro multipropósito, lo que ha limitado significativamente el alcance de la actualización.
La falta de recursos, otro obstáculo
A la falta de normativas para intervenir los territorios étnicos se suma un problema financiero: el presupuesto destinado a la actualización catastral para 2025 presenta una sub-asignación de 704 mil millones de pesos, lo que pone en duda la capacidad del Gobierno para cumplir con los compromisos del cuatrienio.
“Las proyecciones de 2025 se ven gravemente afectadas por la falta de recursos. Si no se asignan los presupuestos necesarios, las posibilidades de avanzar en la actualización del catastro son mínimas”, advirtió la Procuraduría, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para que prioricen esta inversión crucial.
Un futuro incierto
El incumplimiento de las metas de actualización catastral no solo pone en riesgo el cumplimiento de las metas del cuatrienio, sino que también afecta directamente el desarrollo de políticas públicas, la distribución de recursos y la formalización de predios en el país. Sin una actualización confiable y precisa de los terrenos, será difícil abordar de manera efectiva temas como la pobreza rural, el acceso a la tierra y la gestión sostenible de los recursos naturales.
“Es necesario que el Gobierno asuma con seriedad este proceso y se comprometa a resolver los problemas que están afectando la implementación del catastro multipropósito. De no hacerlo, las metas de formalización de tierras y desarrollo territorial seguirán siendo una ilusión”, concluyó la Procuraduría.
El futuro de la actualización catastral en Colombia, que ha sido una tarea pendiente durante más de dos décadas, depende ahora de la pronta solución de los problemas legales, financieros y administrativos que están limitando su avance. Sin un cambio de rumbo, el país podría seguir adoleciendo de una herramienta fundamental para la planificación y el desarrollo territorial.
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