En una grave denuncia de prácticas ilegales contra el recurso natural, 31 robles en el municipio de Saboyá, Boyacá, han sido víctimas de un método de anillamiento que compromete su vida al bloquear la circulación de nutrientes. Este proceso, que causa una muerte lenta de los árboles, ha generado una alerta en la comunidad y en las autoridades ambientales, que ya han iniciado una investigación para dar con los responsables de este atentado ecológico.
El anillamiento ilegal, una técnica utilizada de manera ilegal para acabar con los árboles de forma gradual, ha sido catalogado como una forma de «estrangulamiento». Este procedimiento impide que los nutrientes vitales lleguen a las ramas y hojas del árbol, provocando su desnutrición hasta su muerte. En este caso, los 31 robles afectados podrían enfrentar una lenta y dolorosa degradación que pone en riesgo la biodiversidad local.
Gracias a la rápida intervención de la comunidad, que alertó a las autoridades ambientales, se logró detener estas prácticas antes de que pudieran extenderse más. “Gracias a la colaboración de los habitantes de la zona, se pudo poner freno a estas malas prácticas. Esto permitió que pudiéramos iniciar las indagaciones preliminares para identificar a los responsables”, señaló Yiber Esteban González Gil, director de la regional Chiquinquirá de la CAR (Corporación Autónoma Regional de Boyacá).
Un deterioro más amplio: Erosión y amenaza a las fuentes hídricas
El impacto de estas prácticas ilegales no solo se limita a la destrucción de los árboles, sino que afecta el equilibrio del ecosistema en su conjunto. El anillamiento y la tala de árboles, especialmente los de gran tamaño como los robles, aumentan el riesgo de erosión en el terreno, lo que a su vez puede deteriorar las fuentes de agua cercanas y alterar los ciclos naturales de la región.
“La tala y el anillamiento no solo son un atentado contra la biodiversidad local, sino que también incrementan el riesgo de erosión del suelo y ponen en peligro los cuerpos de agua cercanos. Estos ecosistemas son vitales para el desarrollo de la región y su protección es crucial para evitar desequilibrios ecológicos graves”, explicó González Gil.
Adicionalmente, en la misma zona se observó la tala sin autorización de cuatro árboles de eucalipto de gran tamaño, así como la presencia de cultivos de papa y mora en áreas de ronda de una fuente hídrica cercana. Estos cultivos, en pleno contacto con el agua, violan las normativas sobre el uso de suelos en las zonas de protección de fuentes hídricas, lo que podría generar más riesgos de contaminación y deterioro ambiental.
Investigación en marcha
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CAR) ya ha iniciado las indagaciones preliminares a través de su dirección regional de Chiquinquirá, con el fin de determinar el nivel de afectación ambiental y, a partir de allí, establecer las sanciones correspondientes. Los técnicos que participaron en la inspección inicial entregarán un informe detallado sobre el impacto ambiental de estas prácticas ilegales, lo que permitirá tomar decisiones sobre las acciones legales a seguir.
“La investigación está en marcha y esperamos contar con los resultados de los informes técnicos para determinar el impacto real de estas prácticas ilegales en la zona. Las sanciones que se apliquen dependerán de las conclusiones del informe y de las pruebas obtenidas”, indicó el director regional de la CAR.
La defensa del ecosistema: Un llamado a la conciencia colectiva
Este incidente en Saboyá resalta la creciente preocupación por la protección de los recursos naturales en Boyacá, una región conocida por su biodiversidad y sus valiosos ecosistemas. La intervención comunitaria, que jugó un papel crucial en la detección de la actividad ilícita, es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede colaborar con las autoridades para proteger el medio ambiente.
El llamado de las autoridades ambientales es claro: “Necesitamos la colaboración de todos para evitar que este tipo de prácticas continúen. La protección de nuestros bosques y cuerpos hídricos es responsabilidad de todos, y las sanciones por estas actividades ilegales pueden ser severas para quienes los atenten”, concluyó González Gil.
Este caso sirve como una advertencia de los riesgos que corren los ecosistemas cuando las prácticas ilegales no son controladas. Con la protección y el manejo adecuado de los recursos naturales como prioridad, las autoridades buscan evitar que situaciones como esta se repitan, asegurando el bienestar de la biodiversidad y de las futuras generaciones.
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