La exfuncionaria es señalada de recibir y transportar 3.000 millones de pesos, presuntamente provenientes de coimas relacionadas con contratos de la UNGRD.
La Fiscalía General de la Nación presentó este viernes a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, ante un juez de control de garantías en Bogotá, imputándole los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. La exfuncionaria es señalada de haber recibido y transportado 3.000 millones de pesos en efectivo, provenientes de un presunto esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la investigación de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, los recursos estarían vinculados al pago de coimas para direccionar un contrato en la UNGRD relacionado con la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a las comunidades de La Guajira.
El Traslado de las Dádivas
De acuerdo con la Fiscalía, el 12 de septiembre de 2023, en un apartamento en el centro de Bogotá, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirectivos de la UNGRD, habrían entregado a Ortiz Nova una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo. Esta suma fue transportada por la exconsejera en un vehículo oficial, con destino a un punto en el norte de la ciudad, donde la entrega se realizó al entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez.
Al día siguiente, en la misma vivienda, Pinilla Álvarez habría entregado otra maleta con otros 1.500 millones de pesos, la cual Ortiz Nova también transportó en el vehículo oficial para entregarla a Name Vásquez. Los recursos, según la Fiscalía, tenían pleno conocimiento de su origen ilícito.
La Reacción de la Exfuncionaria
Ante los graves cargos, Sandra Ortiz Nova rechazó las acusaciones formuladas por la Fiscalía. Durante la audiencia, la exfuncionaria sostuvo su inocencia, alegando no tener conocimiento del origen ilegal del dinero que se le atribuye haber transportado y entregado.
Una Investigación Compleja
El caso ha desatado una ola de interrogantes sobre la posible vinculación de otros actores políticos en el escándalo, dado que la participación de Iván Name, quien en el momento de los hechos era presidente del Congreso, agrega un componente de alta relevancia política. La Fiscalía sigue adelante con las investigaciones para esclarecer los detalles de la trama de corrupción, mientras la justicia se prepara para determinar la responsabilidad penal de los implicados.
Con esta imputación, el escándalo sigue sacudiendo el panorama político colombiano, especialmente en medio de las preocupaciones sobre la transparencia y la corrupción en los contratos públicos. La ciudadanía y los medios de comunicación continúan atentos a las novedades de este caso, que promete tener repercusiones a nivel nacional.
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