El Tribunal Administrativo de Boyacá declaró al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) responsable de una grave falla en el servicio por haber mantenido privado de la libertad a un interno durante casi tres años, a pesar de que contaba con boleta de libertad condicional desde noviembre de 2013.
Según el fallo, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Tunja había otorgado la libertad bajo condiciones, pero el INPEC no la hizo efectiva por una supuesta orden de captura que, en realidad, no estaba vigente ni justificaba su detención prolongada. La persona fue liberada solo hasta noviembre de 2016.
El tribunal concluyó que el INPEC actuó de forma indebida al no excarcelar al interno en el momento oportuno, vulnerando su derecho fundamental a la libertad. Por ello, ordenó indemnizar al afectado con 50 salarios mínimos legales mensuales por los perjuicios morales sufridos.
Este caso resalta la importancia del cumplimiento estricto de las decisiones judiciales por parte de las autoridades penitenciarias y el impacto que su omisión puede tener sobre los derechos fundamentales.