Un estudio de la Contraloría General encendió las alarmas sobre la situación de las universidades públicas en Colombia: de las 34 instituciones analizadas, solo una es financieramente autosostenible. El informe advierte que el 97% depende de recursos estatales para funcionar, una realidad que limita la planeación a largo plazo y profundiza las brechas regionales.
Según el análisis, el 50,1% de los ingresos del sistema proviene de aportes nacionales y existe una fuerte concentración de recursos en pocas universidades, lo que agrava la desigualdad entre instituciones. A esto se suma un pasivo pensional que ya alcanza los $10,3 billones en 2024, identificado como la principal carga estructural del sector.
La Contraloría concluye que la educación superior pública enfrenta una desfinanciación estructural y urge a revisar el modelo de financiación, diversificar ingresos y garantizar recursos sostenibles si el país quiere avanzar hacia la gratuidad sin poner en riesgo la estabilidad de sus universidades.
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