La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela presentada por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, procesada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Con esta decisión, el alto tribunal mantiene vigente la medida de aseguramiento y ratifica que la exfuncionaria continuará privada de la libertad.
La Corte respaldó la determinación del Juzgado 79 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá, que había negado la libertad por vencimiento de términos. Según el fallo, la tutela no cumplía el requisito de subsidiariedad, lo que en términos jurídicos implica que no se evidenció una irregularidad grave que justificara la intervención del juez constitucional. El proceso penal, por tanto, seguirá su curso ordinario.
En el plano político, el impacto es aún más profundo. La decisión termina por anular cualquier posibilidad de incidencia electoral de Ortiz en Boyacá, en medio de la campaña al Congreso. Ningún proyecto político regional depende hoy de su liderazgo, y su nombre dejó de ser un activo para convertirse en un pasivo reputacional.
Mientras la Fiscalía define si presenta escrito de acusación y lleva el caso a juicio, el panorama es claro: Sandra Ortiz enfrentará un proceso judicial de alto impacto sin margen de maniobra política. Boyacá continúa su camino electoral sin que su ausencia altere el tablero, sellando así su salida definitiva de la escena pública regional.
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