El presidente anunció un plan de choque contra la corrupción en zonas mineras y advirtió que el oro ilegal ya supera a la cocaína como negocio criminal en Colombia.
En un llamado contundente que sacude a las instituciones, el presidente Gustavo Petro ordenó un plan de choque para enfrentar a las mafias del oro y frenar la corrupción que, según afirmó, permite el avance de la minería ilegal en el país.
El pronunciamiento se dio durante el Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro, realizado en Cali, donde el jefe de Estado fue enfático en señalar que el problema no es solo de presencia institucional, sino de integridad dentro de las propias filas de la Fuerza Pública.
“La zona minera no puede seguir sin un Estado real que ejerza autoridad frente al crimen organizado”, aseguró el mandatario, al tiempo que denunció la existencia de una “ceguera” institucional provocada por sobornos de las mafias, que facilitan el ingreso de insumos utilizados para la explotación ilegal y la destrucción ambiental.
Petro fue más allá al advertir que oficiales con vínculos comprobados con estas estructuras criminales no deben continuar en sus cargos. Incluso, mencionó la existencia de una lista de generales presuntamente relacionados con estas redes, la cual, dijo, debe ser depurada de manera urgente.
Como parte de las medidas, el presidente instruyó a las Fuerzas Militares de Colombia y a la Policía Nacional de Colombia a implementar estrategias como la rotación permanente de mandos en zonas mineras, con el fin de evitar que sean permeados por el poder económico de los grupos ilegales.
Uno de los puntos más alarmantes del discurso fue la afirmación de que la minería ilegal del oro ya superó a la cocaína como el negocio más lucrativo para las mafias, convirtiéndose en una de las principales fuentes de financiamiento del sicariato y la violencia en el país.
En paralelo, el Gobierno propuso fortalecer a Ecodorado, una iniciativa que busca formalizar a los pequeños mineros y garantizar la compra de oro a precios internacionales, como alternativa legal frente a las economías ilícitas.
El presidente insistió en que esta estrategia debe ir acompañada de una acción contundente de la Fuerza Pública, que proteja a las comunidades y respalde la transición hacia una economía más limpia y sostenible.
Al cierre de su intervención, Petro dejó claro que la lucha contra la minería ilegal no solo es un tema de seguridad, sino también de supervivencia ambiental y ética institucional: “La transformación del país requiere una institucionalidad que no se doblegue ante la codicia”.
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