Más de mil denuncias, pagos retrasados y contratos inestables ponen en evidencia grietas en uno de los programas sociales más sensibles del país.
Una nueva alerta sacude al Programa de Alimentación Escolar (PAE), pieza clave para garantizar la nutrición de millones de estudiantes en Colombia. La Contraloría General de la República advirtió sobre serias falencias en las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos, al tiempo que encendió las alarmas por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
El diagnóstico no es menor. Entre 2024 y 2025 se registraron 1.069 peticiones ciudadanas relacionadas con el PAE, de las cuales al menos 312 señalan problemas laborales: retrasos en pagos, vínculos contractuales inestables y presuntas irregularidades en la contratación. De ese universo, cerca de 50 denuncias apuntan directamente a las condiciones de las manipuladoras, evidenciando un patrón que va más allá de casos aislados.
Según el ente de control, estas trabajadoras —fundamentales en la cadena de prestación del servicio— estarían siendo vinculadas bajo esquemas repetitivos de corta duración, en periodos cercanos a cuatro meses. Esta práctica, advierte la entidad, podría estar siendo utilizada para fragmentar la relación laboral y evadir obligaciones como el pago completo de seguridad social y otras garantías legales.
El problema no solo compromete derechos laborales. También impacta directamente la eficiencia del gasto público. Durante 2025, las auditorías de cumplimiento realizadas a nivel nacional identificaron cerca de 30 hallazgos, de los cuales 20 tienen presunta incidencia fiscal por más de 18.600 millones de pesos. La causa: posibles sobrecostos en la operación del PAE, donde recursos destinados a salarios dignos no estarían llegando a quienes ejecutan el servicio.
En ese contexto, la Contraloría General de la República fue enfática en señalar que estas irregularidades desnaturalizan la finalidad del programa, afectan su sostenibilidad y ponen en riesgo la calidad del servicio que reciben niños, niñas y adolescentes.
Ante este panorama, el organismo instó al Ministerio del Trabajo a intensificar las acciones de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las normas laborales en la operación del PAE y garantizar la protección efectiva de los derechos de las manipuladoras.
El llamado también se extendió a entidades territoriales y operadores del programa, a quienes se les exige adoptar medidas inmediatas y verificables que aseguren condiciones laborales dignas, en línea con lo establecido en la Ley 2466 de 2025 y las directrices de la Unidad de Alimentos para Aprender.
Las cifras históricas refuerzan la preocupación. Entre 2022 y 2025, la Contraloría ha identificado 149 hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de 49.662 millones de pesos en la ejecución del PAE. De ese total, el 67% corresponde a sobrecostos, mientras que un 17% está relacionado con fallas en procesos contractuales. Las regiones Centro Oriente y Caribe concentran los mayores montos comprometidos.
Más allá de los números, el informe deja un mensaje claro: el éxito del PAE no solo depende de la cobertura, sino de la dignidad de quienes lo hacen posible. Sin condiciones laborales justas, advierte la Contraloría, no hay garantía de un servicio sostenible ni de una correcta inversión de los recursos públicos.
El país, ahora, queda a la espera de respuestas concretas. Porque detrás de cada cifra hay trabajadoras invisibles… y millones de estudiantes que dependen de ellas cada día.
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