La orden de reintegrar a Jhon Jairo Martínez no se ha cumplido y ahora seis directivos enfrentan multas, mientras crece la incertidumbre sobre el rumbo de la entidad.
La crisis institucional en la Cámara de Comercio de Tunja escaló a un nuevo nivel tras la decisión del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja de sancionar por desacato a seis integrantes de su Junta Directiva. El fallo, conocido el 30 de abril de 2026, deja en evidencia un conflicto que mezcla tensiones laborales, vacíos administrativos y un pulso jurídico aún sin resolver.
La decisión judicial concluyó que la Junta incumplió una orden de tutela que protegía los derechos de Jhon Jairo Martínez Álvarez, quien había sido desvinculado pese a encontrarse en condición de prepensionado. Como consecuencia, seis directivos fueron sancionados individualmente con multas equivalentes a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Los sancionados son Aida Milena Leguizamón Lesmes, José Israel Romero Alvarado, Rafael Humberto Cortes Páez, Euclides Rivera Murillo, Melquicedec Galindo Tovar y Juan Camilo Ojeda Camacho. La medida no solo recae sobre la institución, sino que atribuye responsabilidad directa a cada uno de los miembros involucrados en el incumplimiento.
El origen del conflicto radica en la negativa de Martínez a aceptar el cargo alternativo que le ofreció la entidad —director general corporativo— al considerar que no era equivalente al de presidente ejecutivo. Este argumento fue clave en la decisión del juez, quien dejó entrever que la equivalencia de cargos no puede convertirse en una salida administrativa para evadir una orden judicial.
El fallo abre ahora un escenario complejo. Actualmente, la Cámara tiene como presidente ejecutivo en funciones a Sergio Armando Tolosa, quien ejerce la representación legal. La eventual restitución plena de Martínez podría generar una duplicidad de mando, un riesgo institucional que agrava aún más la situación.
Además de las sanciones, el juzgado ordenó el cumplimiento inmediato de la tutela, la remisión del expediente en grado de consulta al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja y la notificación a todas las partes para garantizar la ejecución de la decisión. Esto implica que el proceso continúa en segunda instancia, pero la obligación de acatar el fallo sigue vigente.
El panorama no ofrece salidas sencillas. Reintegrar a Martínez podría desatar un choque directo con la actual administración; insistir en un cargo no equivalente podría agravar el desacato; y prolongar el litigio aumentaría los costos y la incertidumbre para la entidad.
Más allá del caso puntual, la decisión judicial envía un mensaje contundente sobre la protección reforzada a trabajadores en condición de prepensión y sobre los límites de las soluciones administrativas frente a mandatos judiciales.
Mientras el proceso avanza, la Cámara de Comercio de Tunja enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente, con interrogantes abiertos sobre su gobernanza, su estabilidad institucional y, sobre todo, quién ejerce realmente el poder en su dirección.
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