Un nuevo caso que involucra presuntas conductas de violencia sexual en entornos escolares encendió las alarmas en la capital boyacense. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos disciplinarios contra el docente Néstor Orlando Cely Bautista, señalado de haber realizado presuntos actos sexuales contra una estudiante menor de 14 años en una institución educativa de Tunja.
De acuerdo con la información entregada por el Ministerio Público, los hechos investigados habrían ocurrido durante el año 2024, cuando la menor cursaba sexto grado de básica secundaria.
Según el expediente disciplinario, la situación se habría presentado en el aula de informática de la institución educativa, mientras la estudiante se disponía a practicar un baile. Las pruebas recopiladas por la Procuraduría incluyen la declaración de la víctima, testimonios de compañeras de estudio y versiones entregadas por docentes que tuvieron contacto con la menor después de la presunta agresión.
La Procuraduría General de la Nación indicó que, de manera preliminar, la conducta fue calificada como gravísima a título de dolo por parte de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, lo que significa que, presuntamente, el investigado habría actuado con pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos.
En Colombia, los servidores públicos vinculados al sector educativo tienen deberes especiales de protección frente a niños, niñas y adolescentes, conforme a lo establecido en la Constitución Política, el Código de Infancia y Adolescencia y el Código General Disciplinario. Las faltas relacionadas con violencia sexual contra menores son consideradas de máxima gravedad dentro del régimen disciplinario estatal.
El proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría es independiente de las eventuales investigaciones penales que puedan desarrollarse por parte de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de determinar posibles responsabilidades judiciales.
El caso ha generado preocupación entre la comunidad educativa de Tunja debido a la importancia de garantizar entornos escolares seguros y libres de cualquier tipo de violencia o vulneración de derechos contra menores de edad.
Organismos nacionales e internacionales han reiterado que las instituciones educativas deben fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y atención frente a situaciones de abuso o violencia sexual en contextos escolares, promoviendo rutas de protección inmediata para las víctimas.
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