La crisis institucional en la Cámara de Comercio de Tunja escaló a uno de sus puntos más críticos. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja-Oral ordenó arresto de 20 días contra seis integrantes de la junta directiva de la entidad por incumplir el fallo de tutela que ordenaba reintegrar a John Jairo Martínez Álvarez como presidente ejecutivo o en un cargo de igual jerarquía.
La decisión judicial también contempla multas equivalentes a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los sancionados, luego de que el despacho concluyera que la Cámara no acató de manera efectiva la orden emitida el pasado 13 de abril de 2026 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja.
Los sancionados son Aída Milena Leguizamón Lesmes, José Israel Romero Alvarado, Rafael Humberto Cortés Páez, Euclides Rivera Murillo, Melquisedec Galindo Tovar y Juan Camilo Ojeda Camacho, miembros de la junta directiva de la entidad mercantil.
El origen del conflicto
El proceso se remonta a la salida de John Jairo Martínez Álvarez de la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tunja, ocurrida en febrero de este año. Martínez acudió a la justicia alegando vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, argumentando además su condición de prepensionado.
En segunda instancia, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja falló a su favor y ordenó su reintegro en un plazo de 48 horas, además del pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir hasta tanto fuera incluido en nómina de pensionados.
Sin embargo, la junta directiva optó por crear un nuevo cargo denominado “Director General Corporativo”, figura que, según el juzgado, no equivalía jeráricamente al puesto de presidente ejecutivo ni cumplía integralmente con la sentencia judicial.
El juez fue enfático en señalar que la tutela no ordenó crear un nuevo cargo, sino restituir al accionante en uno de igual jerarquía ya existente dentro de la estructura organizacional de la Cámara de Comercio.
Un desacato reiterado
No es la primera vez que la justicia sanciona a los directivos de la entidad. A finales de abril, el mismo juzgado ya había impuesto multas por desacato tras evidenciar el incumplimiento inicial de la tutela. Posteriormente, esas sanciones fueron ratificadas en segunda instancia.
El reciente fallo endurece las medidas al considerar que persistió la desobediencia frente a la orden judicial, pese a las advertencias previas. El despacho concluyó además que no existieron razones de fuerza mayor o caso fortuito que justificaran el incumplimiento.
Golpe a la imagen institucional
La situación genera preocupación en sectores empresariales de Boyacá, teniendo en cuenta que la Cámara de Comercio de Tunja tiene jurisdicción sobre 71 municipios del departamento y maneja un presupuesto superior a los 15.000 millones de pesos.
Analistas consideran que el prolongado pulso jurídico y administrativo afecta la estabilidad de la entidad y la confianza del sector comercial, en momentos en que la Cámara cumple un papel estratégico en el desarrollo empresarial de la región.
Mientras tanto, el expediente continuará en revisión judicial y la junta directiva deberá cumplir de manera inmediata la orden de reintegro para evitar sanciones aún más severas.
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