La justicia halló responsables a dos uniformados por el homicidio de un joven venezolano durante las protestas de septiembre de 2020. La sentencia también establece que intentaron ocultar evidencia para desviar la investigación.
Después de casi seis años de investigaciones, audiencias y recolección de pruebas, la justicia colombiana emitió una de las decisiones más significativas relacionadas con los hechos ocurridos durante las protestas del denominado 9S. Un juzgado penal de conocimiento de Soacha condenó a dos patrulleros de la Policía Nacional por la muerte de un manifestante y por maniobras posteriores destinadas a ocultar evidencia clave del caso.
La decisión judicial se relaciona con los acontecimientos registrados el 9 de septiembre de 2020 en el sector de Ciudad Verde, en Soacha, donde decenas de ciudadanos se concentraron para protestar tras la muerte de Javier Ordóñez, un hecho que desencadenó movilizaciones y disturbios en varias ciudades del país.
Según las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante el juicio oral, los patrulleros Óscar Alexander Márquez Rojas y Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla accionaron sus armas de dotación contra varias personas que participaban en la manifestación. Uno de los proyectiles disparados impactó a Anthony Gabriel Estrada Espinoza, un ciudadano venezolano de 28 años que se encontraba en el lugar y que falleció como consecuencia de las heridas. La investigación estableció que el disparo mortal fue realizado por Márquez Rojas.
Pero el caso no terminó con la muerte del joven manifestante. De acuerdo con los hallazgos de la Fiscalía, ambos uniformados habrían intentado alterar el curso de las investigaciones al reportar como completa la munición asignada cuando entregaron sus armas en el armerillo de la estación policial. Con esta acción buscaban generar la apariencia de que sus armas no habían sido utilizadas durante los hechos ocurridos esa noche.
Tras valorar el material probatorio, el juzgado condenó a Óscar Alexander Márquez Rojas a 18 años de prisión por los delitos de homicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. En el mismo fallo, Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla recibió una pena de 50 meses de prisión por su participación en el ocultamiento de pruebas relacionadas con el caso.
La sentencia representa un avance en la búsqueda de verdad y justicia por los hechos ocurridos durante las jornadas de protesta de septiembre de 2020, que dejaron múltiples víctimas en Bogotá y municipios cercanos. Sin embargo, el proceso judicial aún no concluye por completo.
La Fiscalía confirmó que continúan activas las investigaciones para esclarecer otros dos homicidios ocurridos durante esa misma jornada en Ciudad Verde y determinar quiénes fueron los responsables. Estos hechos también han sido objeto de seguimiento por parte de organismos de derechos humanos y de representantes de las víctimas.
Aunque la decisión judicial marca un precedente importante en materia de responsabilidad individual de agentes del Estado, el fallo es de primera instancia y aún puede ser objeto de apelación mediante los recursos contemplados en la legislación colombiana.
Mientras tanto, para las familias de las víctimas y para quienes han seguido el caso desde 2020, la sentencia constituye un paso significativo en el esclarecimiento de uno de los episodios más controvertidos ocurridos durante las protestas que marcaron la historia reciente del país.
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