Lo que comenzó como una entrega puntual de sistemas de potabilización en tres colegios rurales de Paipa, Firavitoba y La Uvita se convirtió en una estrategia departamental de mayor alcance. Hoy, Empresas Públicas de Boyacá avanza para llegar a 36 instituciones educativas rurales durante el actual cuatrienio, priorizando los municipios con el agua más contaminada del departamento.
Que un niño pueda tomar agua limpia en su colegio suena como algo básico, pero en buena parte de la Boyacá rural sigue siendo una meta pendiente. Por eso, cuando la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá —hoy Empresas Públicas de Boyacá (EPB)— entregó sistemas de potabilización de agua a instituciones educativas rurales de Paipa, Firavitoba y La Uvita, la noticia marcó apenas el inicio de una apuesta que hoy se ha convertido en una de las banderas sociales del departamento.
Tres colegios, un mismo problema resuelto
En el Instituto Técnico Agrícola (ITA), ubicado en la vereda El Salitre de Paipa, la obra benefició a 476 niñas, niños y adolescentes con una inversión que superó los 104 millones de pesos. En La Uvita, la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Cusagüí recibió una inversión de 172 millones de pesos para garantizar agua potable a sus 133 estudiantes, cuerpo docente y personal administrativo. Por su parte, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, sede San Antonio de Firavitoba, también fue beneficiada, impactando a más de 130 estudiantes de la zona rural del municipio.
Estas tres intervenciones respondieron al mismo diagnóstico que hoy sigue guiando la estrategia departamental: una parte importante de los acueductos rurales de Boyacá presenta niveles de riesgo altos o críticos en la calidad del agua, según el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) que mide periódicamente la Secretaría de Salud del departamento.
De tres colegios a una meta de 36 instituciones
Lejos de quedarse en un hecho aislado, el programa de potabilización escolar se transformó en una estrategia estructural de Empresas Públicas de Boyacá. La entidad adelanta actualmente un proceso de contratación para beneficiar a 10 instituciones educativas adicionales, ubicadas en municipios donde el IRCA es catalogado como muy malo o inviable para el consumo humano. A esta fase se suma un convenio en desarrollo con la Secretaría de Educación de Boyacá que permitirá atender otras 16 sedes educativas durante este año.
Con estas dos fases, el departamento proyecta alcanzar un total de 36 instituciones educativas rurales intervenidas durante el actual cuatrienio, beneficiando a estudiantes de primaria y secundaria con acceso a agua apta para el consumo humano.
Una estrategia que también cuida lo que comen los niños
El programa no se limita a instalar plantas de tratamiento. Según explicó la gerente de Empresas Públicas de Boyacá, Martha Carolina Núñez, la iniciativa se articula directamente con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), buscando garantizar que los alimentos preparados en los comedores escolares cuenten con condiciones adecuadas de calidad e inocuidad, un aspecto que depende directamente de contar con agua segura en cada sede educativa.
Esta articulación cobra especial relevancia en las zonas rurales dispersas del departamento, donde el acceso limitado a acueductos formales ha obligado históricamente a muchas instituciones educativas a depender de fuentes hídricas sin ningún tipo de tratamiento previo.
Parte de una apuesta más amplia por el agua en Boyacá
El fortalecimiento del acceso a agua potable en los colegios rurales hace parte de una estrategia más amplia que Empresas Públicas de Boyacá adelanta en materia de saneamiento básico en el departamento, que incluye también avances en plantas de tratamiento de aguas residuales en municipios como Toca, Cómbita, Tunja y Sotaquirá, estas últimas enmarcadas en el denominado «Pacto Raíz y Futuro», suscrito entre la Gobernación de Boyacá y el Gobierno Nacional.
Con estas acciones, la actual administración departamental, liderada por el gobernador Carlos Amaya, busca cerrar una de las brechas históricas más sensibles del sector rural boyacense: garantizar que ir al colegio no implique, para miles de niños, niñas y adolescentes, tener que resignarse a beber agua en condiciones que ponen en riesgo su salud.
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