Ocho proyectos y quince contratos financiados con regalías están bajo la lupa de los entes de control en Boyacá. Las plazas de mercado de Paipa, Sutamarchán y Villa de Leyva, construidas durante la administración pasada concentran hallazgos administrativos, fiscales y disciplinarios que rondan los 900 millones de pesos.
Lo que debía ser una modernización de tres plazas de mercado campesinas en el corazón de Boyacá terminó convertido en uno de los casos de contratación pública más cuestionados del departamento en los últimos años. Las obras de Paipa, Sutamarchán y Villa de Leyva, ejecutadas con recursos de regalías durante la Gobernación pasada, están hoy bajo investigación de la Contraloría por presuntas irregularidades que van desde la manipulación de pliegos hasta la afectación de patrimonio arqueológico protegido.
Ocho proyectos, quince contratos, una misma sombra
De acuerdo con lo identificado por los organismos de control, son en total ocho proyectos y quince contratos relacionados con el uso de regalías en Boyacá los que hoy concentran hallazgos administrativos, fiscales y disciplinarios. Entre las irregularidades señaladas se encuentra la presunta exclusión arbitraria de competidores cualificados mediante criterios de selección que, según las denuncias, habrían sido diseñados a la medida de un grupo reducido de contratistas.
Este patrón no es nuevo en el departamento: en el contrato de la plaza de mercado de Sutamarchán la Contraloría de Boyacá ya había abierto con anterioridad tres hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por cerca de 783 millones de pesos, un antecedente que involucra a contratistas que, según registros de veedurías ciudadanas, han sido recurrentes tanto en la administración anterior.
De plaza campesina a centro comercial con gastrobar
Uno de los puntos más polémicos del caso tiene que ver con el proyecto de Villa de Leyva, uno de los municipios patrimonio de Colombia y de mayor atractivo turístico del país. Según las denuncias conocidas, la anterior administración municipal habría contemplado para la nueva plaza la construcción de un parqueadero de gran tamaño —comparado por sus críticos con los de un parque temático— y un gastrobar, un giro que se aleja por completo de la vocación original del lugar como espacio de comercio campesino.
«Están transformando un espacio comunitario en un centro comercial, algo que va en contra de las expectativas de tanto locales como visitantes», cuestionó Cortés, una de las voces críticas del proyecto, al referirse a las modificaciones incluidas en el diseño de la nueva plaza.
La preocupación por el destino de la plaza de Villa de Leyva no es un hecho aislado. Ya en diciembre de 2022, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) había ordenado la suspensión de las obras del Consorcio Plaza Villa al evidenciar que se estaban adelantando trabajos sin contar con el Plan de Manejo Arqueológico exigido, en un municipio de alta densidad de vestigios prehispánicos y paleontológicos.
Patrimonio cultural bajo amenaza
Villa de Leyva está protegida bajo el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de su centro histórico, un instrumento diseñado precisamente para blindar el legado arquitectónico y arqueológico del municipio frente a intervenciones que puedan alterarlo. Sin embargo, la ejecución de obras nuevas en este tipo de sitios protegidos, sin el cumplimiento pleno de los estudios arqueológicos requeridos, es hoy uno de los principales señalamientos contra el proyecto.
A la preocupación por el cumplimiento normativo se suma la inquietud por la preservación misma de la estructura original. Al ser consultados sobre qué elementos de la antigua plaza serían conservados, los contratistas del proyecto habrían indicado que únicamente se mantendría un muro lateral, una respuesta que las comunidades y veedurías han interpretado como una muestra de la escasa importancia que se le dio al valor patrimonial del lugar.
Sobrecostos, retrasos y casi 900 millones en juego
La falta de una supervisión rigurosa a lo largo de la ejecución de los tres proyectos ha derivado en retrasos significativos y sobrecostos, con proyecciones de pérdidas fiscales que podrían acercarse a los 900 millones de pesos, según lo identificado hasta ahora por los entes de control. Se trata de recursos que, de haberse ejecutado con total transparencia, habrían podido destinarse a otras necesidades prioritarias del departamento.
El caso se da, además, en un contexto nacional en el que la Contraloría General de la República ha advertido reiteradamente sobre las debilidades estructurales en la planeación, ejecución y control del Sistema General de Regalías. Según el más reciente balance del ente de control, entre 2022 y 2025 se auditaron en el país 1.804 proyectos financiados con este sistema, de los cuales se derivaron más de 1.900 hallazgos administrativos y cerca de 1.300 con incidencia fiscal, una tendencia que confirma que el caso de las plazas de mercado boyacenses no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de riesgos en el manejo de estos recursos en distintas regiones del país.
Lo que sigue
Mientras la Contraloría avanza en las investigaciones sobre los ocho proyectos y los quince contratos identificados, las comunidades de Paipa, Sutamarchán y Villa de Leyva siguen a la espera de que sus plazas de mercado —espacios de tradición campesina que en algunos casos llevan funcionando desde hace más de un siglo— sean finalmente entregadas con las condiciones dignas y funcionales que en su momento se prometieron, y no convertidas en proyectos ajenos a su vocación original.
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