Mientras el país atiende la emergencia dejada por el terremoto del pasado 10 de agosto, Colombia enfrenta un segundo frente crítico: el avance de los incendios forestales, que ya mantiene en alerta roja a 340 municipios. Ante este panorama, la Procuraduría General de la Nación reforzó su vigilancia preventiva sobre la gestión del riesgo en los departamentos más afectados.
El Ministerio Público informó que intensificó el acompañamiento a las autoridades locales de Nariño, Tolima, Cesar, Quindío, Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, Santander y Cauca, con el fin de garantizar una adecuada gestión del riesgo frente a la ocurrencia de nuevas conflagraciones. La Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial permanece desplegada en los municipios verificando la activación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y el cumplimiento de los planes de contingencia.
De manera paralela, la entidad hace seguimiento a la sala de crisis nacional para coordinar los apoyos helicoportados en los departamentos priorizados. En Nariño se aprobaron 30 horas de operación aérea para atender los incendios más críticos en Los Andes, La Llanada y Santacruz, mientras que en Quindío y Tolima los equipos aéreos permanecen desplegados hasta lograr el control total de las zonas de mayor riesgo.
Una emergencia que crece día a día
El fenómeno de El Niño, con altas temperaturas y escasez de lluvias, ha disparado el número de conflagraciones en las últimas semanas. Según el más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 340 municipios del país se encuentran en alerta roja por riesgo de incendios, con Cundinamarca a la cabeza con 78 municipios, seguido de Tolima con 46 y Nariño con 31. En total, 663 municipios permanecen bajo algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquia y Amazonia.
Las llamas ya han consumido más de mil hectáreas de cobertura vegetal en el país, y Tolima concentra la situación más crítica, con decenas de focos activos en municipios como San Luis, Guamo, Ortega, Melgar y Chaparral, departamento que declaró calamidad pública por esta causa. La Fuerza Aeroespacial, el Ejército, la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos mantienen desplegadas capacidades aéreas y terrestres para apoyar la extinción, con cientos de descargas de agua realizadas desde helicópteros y aeronaves especializadas.
La Procuraduría reiteró que este acompañamiento busca garantizar la articulación interinstitucional, la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la atención de la emergencia y la protección efectiva de los derechos de las comunidades afectadas, en momentos en que el país atiende de manera simultánea las consecuencias del terremoto y el avance de los incendios forestales.
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