El municipio de Vélez, en la provincia santandereana del mismo nombre, completa varias semanas bajo un severo racionamiento de agua que ha dejado a barrios enteros hasta quince días sin el servicio. Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Vélez, fortaleció su actuación preventiva y de articulación institucional frente a la crisis de abastecimiento.
En la jornada participaron la Alcaldía Municipal de Vélez, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Vélez, Emprevel E.S.P., con el propósito de revisar avances, verificar compromisos, identificar dificultades y definir acciones dentro del ámbito de competencia de cada entidad.
El origen de la emergencia actual es un daño en la tubería principal que conduce el agua desde Pozo Verde, en el municipio de Bolívar, hasta la planta de tratamiento local, una afectación que según la Alcaldía se presentó hace casi dos meses y que llevó a declarar la alerta amarilla y la urgencia manifiesta. A esa falla estructural se suma la disminución de las lluvias, que ha reducido aún más la disponibilidad de agua en los nacimientos que surten al acueducto. Emprevel, la empresa de servicios públicos del municipio, se encuentra intervenida desde hace varios años sin que se haya concretado una solución definitiva a su infraestructura.
El Ministerio Público destacó la importancia de garantizar una atención prioritaria a hospitales, instituciones educativas y el centro carcelario del municipio, dada la relevancia de estos establecimientos frente a la continuidad del suministro de agua potable.
Como resultado de la jornada, se acordó fortalecer el seguimiento a los proyectos de infraestructura y a la reparación de la red Pozo Verde-Planta de Tratamiento de Agua Potable, así como verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en encuentros anteriores y mantener las medidas necesarias para atender a la población mientras se concretan las soluciones estructurales. También se estableció la realización de mesas técnicas de seguimiento con periodicidad quincenal y la consolidación de un cronograma único de compromisos, con responsables, actividades y fechas de cumplimiento.
La Gobernación de Santander ha señalado que ya cuenta con los estudios y diseños para la modernización de la línea de aducción entre Pozo Verde y El Batán, una obra valorada en 30.000 millones de pesos que contempla el reemplazo de la infraestructura superficial actual por una red subterránea, y adelanta gestiones ante el Ministerio de Vivienda para avanzar hacia esa solución estructural. Mientras tanto, cerca de 27.000 habitantes de Vélez continúan sujetos a los racionamientos, en un municipio que arrastra desde hace años sucesivos intentos fallidos por garantizar el acceso continuo al agua potable.
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