En un desarrollo clave para la comunidad de Soatá, el Juzgado Primero Administrativo de Duitama emitió una sentencia de primera instancia en respuesta a una acción popular que busca la recuperación del predio conocido como La Granja. Esta decisión judicial marca un hito en la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos destinados a proyectos agrícolas y ganaderos.
La polémica se desató cuando la administración municipal autorizó la creación de una Sociedad de Economía Mixta llamada ‘Ecoparque del Chicamocha’, destinada a gestionar la producción agrícola, ganadera y caprina en el predio en cuestión. A pesar de la formalización de esta sociedad a través de la Escritura Pública No. 233 del 17 de mayo de 2018, y la cesión del predio mediante el instrumento notarial No. 257 del 12 de junio del mismo año, hasta la fecha no se han materializado las actividades productivas planeadas.
La acción popular, presentada por miembros preocupados de la comunidad, alega que el proyecto no ha cumplido con sus objetivos y exige una rendición de cuentas transparente sobre el destino de los recursos destinados a esta iniciativa. La falta de avances visibles en el desarrollo del predio ha levantado sospechas sobre posibles irregularidades en la administración municipal.
En este contexto, el juzgado ha determinado que se tendrá en cuenta el nivel de pago o amortización real y efectivo de las acciones entregadas al socio privado para definir el derecho que sobre el activo material aportado le pueda corresponder. En caso de no llegar a un acuerdo en el plazo máximo de tres meses, se contemplará una estrategia jurídica fundamentada en el artículo 141 del CPACA, que busca garantizar una resolución definitiva y justa.
La comunidad de Soatá, que ha estado siguiendo de cerca este caso, ve con esperanza esta decisión judicial como un paso crucial hacia la transparencia y la recuperación efectiva del predio de la Granja. La acción popular se erige como un mecanismo esencial para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y en beneficio de la comunidad, y esta sentencia refuerza la importancia de la participación ciudadana en la vigilancia de proyectos de interés público.
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