La Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social ha lanzado una firme exigencia a las entidades públicas nacionales y territoriales para que cumplan con el pago de los bonos pensionales, instando a la expedición de certificaciones electrónicas de tiempos laborados a través del Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL).
Con datos alarmantes reportados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la entidad revela que a enero del 2024, 5.572 casos de bonos pensionales se encuentran vencidos en CETIL. La situación ha llevado a la Procuraduría a emitir comunicados reiterados, buscando el cumplimiento de las normas y directrices en relación con la expedición de certificaciones y el pago de bonos y/o cuotas partes pensionales a las Administradoras del Sistema General de Pensiones.
La Circular No 001, emitida el 05 de febrero de 2024, fue dirigida a autoridades a nivel nacional y territorial, instándoles a certificar los tiempos y salarios de sus funcionarios o exfuncionarios en la plataforma CETIL. Además, se solicitó cubrir el pasivo por bonos pensionales ante las administradoras de pensiones del Régimen de Prima Media (RPM) y del Régimen de Ahorro Individual (RAIS), conforme al Decreto 1474 de 1997.
La Circular No 002, emitida el 14 de febrero de 2024, se dirigió específicamente a las Empresas Sociales del Estado (E.S.E) e Instituciones del Sector Salud. En este comunicado, se les exige cumplir con lo establecido en el decreto único reglamentario 1068 de 2015 y remitir, a más tardar el 31 de marzo, a la Dirección General de Regulación Económica de Seguridad Social, la información relacionada con solicitudes y pagos al personal retirado de los hospitales al 31 de diciembre de 1993.
La Procuraduría, en su función preventiva, ha exhortado a las entidades estatales al cumplimiento normativo legal vigente, instándolas a adoptar acciones para cumplir con las obligaciones de pago con las administradoras del Sistema General de Pensiones. El incumplimiento de estas obligaciones afecta directamente a funcionarios o exfuncionarios que han alcanzado la edad de pensión sin lograr el reconocimiento de sus prestaciones económicas pensionales. La Procuraduría hace un llamado urgente a rectificar esta situación para evitar mayores perjuicios a quienes han dedicado su vida laboral al servicio público.
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