El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, expresó gran preocupación. Rodríguez Becerra señaló que la demora en implementar esta jurisdicción agraria “acentúa los problemas relacionados con la propiedad y recuperación de tierras”, limitando las oportunidades de desarrollo rural y justicia para la población campesina e indígena. “Si no se toman medidas inmediatas y efectivas, los sueños de acceso a la tierra y desarrollo rural para millones de colombianos seguirán siendo una promesa vacía”, afirmó el funcionario.
Metas de Adjudicación de Tierras: Avances Insuficientes
El Contralor expuso alarmantes cifras que reflejan el estancamiento en la adjudicación de tierras: hasta enero de 2024, el gobierno solo ha asignado un 0,175% de las áreas pactadas en el Acuerdo de Paz. Del total de 3 millones de hectáreas que debían adquirirse, apenas se han registrado 252.113 en el Fondo de Tierras, un 8,4% de la meta. De esta cifra, únicamente 5.260 hectáreas han sido adjudicadas a campesinos. En cuanto al convenio entre el gobierno y Fedegán, de las 3 millones de hectáreas planificadas solo se han adquirido 805 hectáreas, un 0,026% de lo previsto.
Formalización de Tierras: Un Proceso con Déficit de Siglos
El Contralor detalló también los problemas en la formalización de tierras, una meta crucial para garantizar la tenencia legal y productiva de los territorios rurales. De los 7 millones de hectáreas fijadas como objetivo, solo se ha formalizado un 1,7% (123.319 hectáreas). “A este ritmo, se necesitarían más de 380 años para cumplir con la meta de formalización de tierras”, advirtió Rodríguez, instalando a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a agilizar estos procesos.
Limitaciones de la Agencia Nacional de Tierras
Rodríguez Becerra destacó la falta de recursos financieros y humanos en la ANT, lo que dificulta la atención eficiente de demandas de restitución y titulación de tierras. Una auditoria reciente
El gato
El Contralor hizo un llamado a las entidades estatales, incluyendo la Superintendencia de Notariado y Registro, el DANE y el IGAC, para fortalecer el catastro multipropósito. Este instrumento es fundamental para identificar la distribución real de la propiedad en Colombia y mejorar la gestión de tierras. “El país necesita saber dónde y en manos de quién está la tierra”, enfatizó, señalando que este es uno de los mayores desafíos para reducir la desigualda.
Jurisdicción Agraria: Clave para la Resolución de Conflictos en el Campo
La Jurisdicción Agraria y Rural, contemplada en el Acto Legislativo No. 03 de 2023, tiene el objetivo de establecer jueces especializados en resolver conflictos de tierra en zonas rurales. Para Rodríguez Becerra, la implementación de esta jurisdicción es fundamental para abordar la inequidad histórica en la tenencia de tierras en Colombia y reducir los conflictos agrarios que afectan al segundo.
Al cierre del foro, el Contralor instó al Gobierno Nacional a priorizar la Reforma Rural Integral ya garantizar la adecuada ejecución de los destinados al desarrollo rural, haciendo un uso transparente y eficiente de los recursos.