A un mes del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la firma de 11 decretos de emergencia económica, tras un extenso Consejo de Ministros que se extendió por casi seis horas. Las medidas buscan marcar el paso de la atención inmediata del desastre hacia una fase de recuperación y reconstrucción de los territorios afectados.
El sismo, uno de los más graves en la historia reciente del país, dejó un saldo de 331 personas fallecidas, más de 4.400 heridos y alrededor de 240 desaparecidos, además de cerca de 1,28 millones de personas afectadas en 16 departamentos y cerca de 500 municipios. Los reportes oficiales contabilizan más de 36.000 viviendas totalmente destruidas y más de 200.000 con daños estructurales.
El Fondo Patria Milagro, la pieza central del paquete
La medida más destacada del paquete es la creación del Fondo Patria Milagro, formalizado mediante decreto como un patrimonio autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda. Su función será centralizar y administrar los recursos nacionales e internacionales, incluidas donaciones, créditos y aportes del presupuesto general de la Nación, para financiar la recuperación de las zonas golpeadas por el sismo. El Gobierno calcula que las obras de reconstrucción demandarán más de 30 billones de pesos, cerca de 9.500 millones de dólares.
Liquidez para las regiones y uso extraordinario de recursos pensionales
El paquete normativo incluye además 17 medidas financieras, administrativas e institucionales dirigidas a departamentos y municipios, con el fin de darles liquidez temporal para atender la emergencia en el terreno. Entre las decisiones más llamativas está la autorización, por una única vez, para que las entidades territoriales accedan de manera extraordinaria a recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, conocido como Fonpet, bajo las condiciones fijadas en el decreto y sin perder de vista la responsabilidad fiscal. También se eliminó una restricción legal que impedía a las alcaldías con superávit transferir fondos de manera directa a municipios sin presupuesto suficiente para responder a la crisis.
Energía, obras por impuestos e inversiones entre regiones
El Gobierno también habilitó de manera temporal el uso de recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura y la Transición Energética, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de energía en las zonas donde la infraestructura resultó afectada. A esto se suma la puesta en marcha de una modalidad especial de Obras por Impuestos enfocada en la reconstrucción, que busca movilizar la capacidad de ejecución del sector privado, y la habilitación de inversiones interjurisdiccionales, que permitirán financiar obras en un municipio cuando estas resulten determinantes para la movilidad o la economía de toda una región.
Educación y manejo de datos, otros frentes de la emergencia
Entre las medidas también se incluyeron disposiciones para el sector educativo: las instituciones cuya infraestructura resultó afectada podrán desarrollar temporalmente sus actividades académicas en sedes distintas a las oficiales, mientras avanza la recuperación de sus instalaciones, y se destinaron recursos financieros adicionales para garantizar su funcionamiento. Asimismo, se estableció un decreto para el tratamiento de información estadística que permitirá identificar con mayor precisión la ubicación y las condiciones socioeconómicas de las familias afectadas, con el fin de focalizar mejor los recursos públicos.
El Gobierno nacional reiteró su compromiso de seguir adoptando medidas para garantizar una respuesta oportuna, transparente y coordinada con las entidades territoriales y los organismos de control, en momentos en que la reconstrucción del país entra en una nueva etapa tras uno de los desastres naturales más graves de los últimos años.
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