Una certificación bancaria en ceros, un contrato heredado del polémico exalcalde Mikhail Krasnov y una Fiscalía que ya tiene la carpeta en sus manos. La alcaldesa encargada de Tunja destapó el hallazgo que agrava el escándalo del contrato con Don Matías SAS.
Cuando la tesorería de un municipio certifica por escrito que unos recursos públicos «no están en ninguna cuenta del municipio», la frase deja de ser un tecnicismo contable y se convierte en una alarma. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Tunja con el contrato interadministrativo 1767 de 2025, suscrito por $15.076.144.076,64 con la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías S.A.S., del cual la administración municipal anterior anticipó el 95%: $14.322.336.872,8.
La alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, entregó en diálogo con Caracol Radio los detalles del hallazgo que llevó a la Administración Municipal a iniciar el proceso para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato. «Después de que tuvimos el Consejo de Gobierno ampliado, la tesorera nos remite una certificación donde nos decía que el dinero no está en ninguna cuenta del municipio», relató la funcionaria. Al revisar la trazabilidad de los comprobantes de egreso y el material cargado en el Secop, la administración estableció que los recursos salieron hacia una cuenta a nombre de la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías S.A.S. en el Banco de Bogotá.
Rendimientos en cero: la certificación que preocupa a la Alcaldía
El hallazgo más inquietante llegó después: la certificación bancaria entregada por el propio contratista muestra en cero los rendimientos financieros que, según el contrato, debían generarse en favor del municipio mientras los recursos permanecieran en la cuenta. «Vemos esto con una preocupación mayúscula, porque si nos allegan un documento que dice estamos reportando los rendimientos financieros, pero no hay rendimientos financieros», advirtió Jiménez.
La funcionaria explicó además la complejidad jurídica del caso: aunque la transferencia de los recursos sí se realizó desde las arcas municipales, el municipio nunca fue titular de la cuenta bancaria donde quedó el dinero. Esa condición, sumada a que la información bancaria está actualmente bajo reserva legal, ha obligado a la Alcaldía a estudiar mecanismos jurídicos para solicitar directamente el acceso a esos datos.
Este hallazgo no es aislado. Según reportó previamente HSB Noticias, pese a que el contratista entregó un informe de cerca de 600 páginas, este no incluyó los reportes de interventoría ni los rendimientos financieros de la cuenta donde debían permanecer los recursos del proyecto. En esa misma entrevista, la alcaldesa había sido enfática: «todavía no estamos atendiendo las situaciones más críticas, que son saber dónde está el dinero y cuál es la calidad de la obra que se está ejecutando».
Un contrato que ya estaba bajo la lupa
El convenio con Don Matías SAS arrastra suspicacias desde antes de este último episodio. El contrato tiene como objeto la ejecución de proyectos de infraestructura vial urbana y rural, adecuación de escenarios públicos y parques, y mantenimiento de salones comunales e instituciones educativas en Tunja. Sin embargo, en el Concejo de la ciudad ya se había denunciado que el anticipo cercano al 95% del valor total del convenio se entregó sin que existiera una garantía que amparara esos recursos, mientras que, según la misma alcaldesa, hay obras que ya presentan deterioro y otros frentes que no han iniciado, pese a que los recursos fueron girados.
La gravedad del caso llevó a que, entre el 22 y el 26 de junio de 2026, una delegación de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación se instalara en la Alcaldía de Tunja. El ente investigador solicitó formalmente la entrega inmediata de la totalidad de la documentación del contrato interadministrativo 1767, incluyendo las etapas precontractual, contractual y poscontractual, en el marco de una indagación penal por presunta corrupción.
La sombra de Krasnov
El contrato fue suscrito el 25 de septiembre de 2025 durante la administración de Mikhail Krasnov, el economista ruso naturalizado colombiano que llegó a la Alcaldía de Tunja en enero de 2024 y cuya elección terminaría siendo anulada. Según registra Wikipedia con base en fuentes periodísticas, el Consejo de Estado tumbó la elección de Krasnov el 5 de marzo de 2026 tras establecerse que se había inscrito y posesionado como alcalde estando inhabilitado, al haber sido contratista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia meses antes de las elecciones.
El contrato con Don Matías SAS no es el único frente judicial que enfrentó la administración Krasnov. Un abogado radicó ante la Fiscalía dos denuncias penales por presuntas irregularidades en la celebración de contratos interadministrativos, invocando el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, contemplado en el artículo 410 del Código Penal, siendo precisamente el convenio 1767 de 2025 el primero de los casos denunciados.
Qué sigue para el contrato
Jiménez fue clara sobre la ruta que sigue la Administración Municipal: que la Unidad de Contratación Estatal actúe con agilidad en el procedimiento de incumplimiento contractual para evaluar si procede una liquidación unilateral. Pero la propia alcaldesa reconoció la complejidad de esa salida: el 95% del recurso ya fue transferido y, según la certificación bancaria, ese dinero ya no está donde debería estar.
La funcionaria también cuestionó de fondo la figura contractual utilizada por la administración anterior, al no existir documentos que permitieran establecer con claridad que ese dinero se iba a invertir correctamente y que las obras resultantes le iban a servir a la comunidad tunjana.
Mientras la Fiscalía avanza en su indagación penal y la Alcaldía explora vías jurídicas para rastrear el destino final de más de $14.300 millones de recursos públicos, los tunjanos siguen a la espera de las obras de infraestructura vial, parques y escenarios comunitarios que ese dinero debía financiar.
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